*Exige diputado Octavio Martínez que no
haya impunidad para el subdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Coacalco detenido por extorsión.
Coacalco, Méx._ El diputado Octavio Martínez, presidente de
la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura del Estado de México, exigió
que no se proteja al subdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Coacalco, Felipe Fernández Villegas detenido por presunta extorsión, sólo por
el hecho de ser priísta, y ampliar la investigación a otros funcionarios
municipales que podrían estar involucrados en estos hechos delictivos.
Las autoridades encargadas del caso,
recordó, no descartan que otros funcionarios cercanos al presidente municipal,
David Sánchez Isidoro, se encuentren involucrados, por lo que desde su punto de
vista las indagatorias deben ampliarse hasta verificar que los ediles no
protejan a otros responsables.
Martínez Vargas destacó que la extorsión
es considerada en el estado de México como un delito grave que se castiga con
prisión vitalicia (hasta 70 años) que no amerita los beneficios de la libertad
bajo fianza ni la preliberación o conmutación de pena por buen comportamiento,
debido al daño patrimonial y psicológico que provoca en la víctima y sus
familias.
Por la gravedad de la falta, el además
subcoordinador del grupo parlamentario del sol azteca insistió en la necesidad
de que no haya impunidad y se sancione a todos los involucrados con esta banda
delictiva, independientemente de sus cargos o relaciones con los integrantes
del cuerpo edilicio.
En días pasados, elementos encubiertos
de la Policía Federal detuvieron, cuando intentaban cobrar a un comerciante 30
mil pesos “para no molestarlo y dejarlo trabajar en paz”, a 3 sujetos
integrantes de una banda de extorsionadores, cuyos principales líderes eran el
subdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del ayuntamiento de Coacalco
y un policía municipal.
Presuntamente, ostentándose como
integrantes de La Familia Michoacana, visitaban mercados y tianguis del
municipio, con armas de fuego disparaban a los techos para amedrantar a los
comerciantes y obligarlos a pagar cuotas de protección a cambio de no quemar ni
dañar sus establecimientos.
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